POR UNA REFORMA DE LA DEMOCRACIA

La democracia se considera el paradigma incuestionable de la forma de gobierno legal y aceptable. Quizá el único inconveniente serio que se le achaca radica en la engorrosidad de sus procesos electorales que según algunos la convierten en la “menos mala” de las formas de gobierno. Pero casi nadie se atreve a cuestionar si los métodos comúnmente aceptados en las democracias actuales son realmente democráticos o no. Más aun… comparativamente pocas personas, a pesar del descontento casi universal que existe hacia los gobiernos actuales, se preguntan si lo que tenemos es realmente democracia o no.

Es así como hoy por hoy, en cuanto se denuncian irregularidades o atropellos en un país no democrático, el clamor general de los intelectuales, los políticos, la prensa y el público en general es por la instauración de la democracia en el país en cuestión. Cosa deseable, por supuesto, ya que en general se puede afirmar que es mejor una mala democracia que una dictadura (aunque hoy existen algunas democracias y seudo-democracias en cuyo caso esa afirmación también sería cuestionable). Y generalmente se da por sentado que la solución a problemas como la opresión, la corrupción, la pobreza extrema o el caos social estriba sin más en el establecimiento de un gobierno democrático. Una vez lograda esta meta, se asume que todo mejorará gracias a la democracia. Sin embargo muchas de las democracias actuales son una evidencia de la limitada veracidad de tales asunciones.

La mayoría de las Constituciones llamadas democráticas del presente proclaman como principio básico el que La soberanía reside en el pueblo. Sin embargo, una mera observación superficial pero honrada demuestra que tal cosa nunca ha sido una realidad en la historia. Las noticias que a diario se pueden ver en la prensa política de casi cualquier país democrático evidencian que la democracia que practicamos adolece de infinidad de fallos que no se pueden achacar de forma simplista a la mera falibilidad humana ni a lo engorroso del proceso de votación, única forma actualmente viable de consultar a los ciudadanos, sino más bien a la completa ineficacia de los sistemas que utilizamos para elegir y reemplazar a nuestros líderes políticos y a la chapucera y sibilina estructuración de los poderes y administraciones que al final deriva, ni más ni menos que en el secuestro de la soberanía del pueblo por parte de las clases políticas y del poder económico. En realidad, tras más de dos milenos, no nos hemos alejado demasiado de la plutocracia de los tiempos de las llamadas democracias de Grecia y Roma.

La mayoría de los sistemas democráticos actuales están permitiendo y auspiciando que a su sombra prosperen y se perpetúen en sus cargos líderes ineptos, corruptos e incluso perversos sin que sus ciudadanos dispongan de medios legales para deshacerse de ellos deponiéndoles de sus cargos. En muchos países se da el caso de que los líderes de las diversas facciones políticas legales ostentan muchas cualidades absolutamente indeseables para un gobernante, con la consecuencia de que los impotentes ciudadanos se ven obligados a elegir entre unas pocas opciones, todas ellas de alguna manera nefastas para ellos y para su país o región. A veces incluso se da la aberrante situación de que políticos que se enfrentan a graves causas judiciales o se encuentran bajo seria sospecha de actuaciones ilegales e incluso criminales, continúan siendo bandera de sus partidos gracias a que ostentan un enorme poder, controlan los medios de comunicación o están sustentados por poderosos grupos económicos a cambio de posteriores favores. Un sistema así, aunque se llame democrático no es muy diferente de una dictadura y ha fracasado en el cumplimiento de las dos primeras premisas de la democracia, a saber: que el pueblo en última instancia detenta el poder y que el pueblo elige libremente a sus gobernantes.

Si examinamos el presente y la historia de la democracia en el mundo, desde los tiempos de la república romana, nos encontramos con toda suerte de trapicheos, corruptelas, manejos oscuros, manipulaciones de los poderes y de las leyes, etc., etc. En resumen, una inmensa panoplia de perversiones políticas realizadas al amparo del llamado “contrato social” por el cual la mayoría de los ciudadanos otorga poder a unos pocos, poder que muy a menudo estos últimos utilizan en beneficio propio o en el de los grupos de poder que les han encumbrado. Esto ocurre a menudo de forma soterrada pero incluso en ocasiones sucede con completo descaro, a la vista de la prensa y del público y en claro perjuicio del país y de los ciudadanos. Una cosa que resulta sorprendente al leer sobre la historia de la república romana es el descubrimiento de lo poco que ha cambiado la forma de hacer política durante los pasados 2.500 años. Si hacemos una comparación entre los manejos políticos, la forma de legislar, la forma de aplicar las leyes y la gestión de los bienes públicos desde la época de la república romana hasta los tiempos actuales encontraremos tantas analogías que se nos lleva a concluir que a pesar de los avances de nuestras legislaciones modernas basadas en cartas constitucionales apoyadas en declaraciones de derechos humanos y a la existencia de una legislación internacional, la humanidad apenas ha mejorado desde entonces en la forma de gobernar y administrar a los pueblos. Aparte de algunos métodos y formas, nada esencial ha cambiado. Y desde luego, el avance sociopolítico que se ha conseguido con todo esto no ha ido en absoluto al ritmo de los avances en otros campos del saber humano, léase: ciencia, tecnología, historia, o arte, para citar solo algunos. El contrato social legitimado mediante las elecciones democráticas ha llegado a ser uno de los pocos contratos en los que una parte (los ciudadanos) permanece obligada por toda la duración del período electoral, pero la otra (los gobernantes) tienen manga ancha para actuar ineficazmente e incumplir promesas, cuando no incluso para mentir, engañar, tergiversar y malversar, muchas veces impunemente, a la vez que casi siempre conservan sus cargos a pesar de su cuando menos evidente ineptitud, por no hablar de la completa falta de honradez y corrupción que se observa en los peores casos.

A la aparente lasitud de los intelectuales y políticos en el ejercicio de buscar una mejora continua y sustancial de los sistemas llamados democráticos se ha sumado el enorme poder de los medios de comunicación que a menudo se han convertido en eficaz herramienta de partidos, de grupos de poder y de gobiernos mediante el filtrado o incluso el completo control de la información que llega a los ciudadanos. En algunas democracias, incluso en aquellas consideradas avanzadas, el control de la información manejada por los medios, en manos de inmensos y omnipresentes poderes fácticos afines a un partido u otro, lleva a la situación de que la información recibida por la mayoría de los ciudadanos está tan filtrada y polarizada que es muy difícil para éstos el hacerse una idea clara de la realidad y menos aun adoptar una postura crítica y cabalmente informada sobre lo que ocurre o sobre el sistema en general.

Paradójicamente, la tecnología y las comunicaciones de hoy posibilitarían que el ciudadano de a pie participara mucho más ampliamente en los procesos de gobierno a un coste comparativamente muy bajo. Sin embargo, no se ve casi en ninguna parte que los gobiernos estén mínimamente interesados en aplicar en modo alguno las cacareadas bendiciones de la tecnología para que los ciudadanos realmente dispongan de más voz y voto en las decisiones que les atañen. A pesar de las declaraciones de derechos humanos reconocidos en los pasados cuatro siglos al precio de mucha sangre sudor y lágrimas, aparte del sufragio popular que como veremos es vulnerable a los resortes de los grandes poderes de la actualidad, las armas del ciudadano de a pie siguen siendo las que han existido siempre: la justicia, generalmente lenta, ineficaz, e incluso a veces manipulada, partidista y parcial, las manifestaciones, las huelgas, la desobediencia civil y en última instancia la rebelión popular abierta y violenta.

Por último, la misma tecnología se cierne como una peligrosa amenaza para el ejercicio de la democracia. La creciente capacidad de almacenamiento, manejo y gestión de la información por parte de los avanzados sistemas de proceso de datos existentes, exponen a los ciudadanos al almacenamiento y al uso abusivo y autoritario del conocimiento acerca de sus vidas, preferencias, creencias, costumbres y necesidades por parte de los poderes fácticos del mundo, sean estos empresas, grupos ideológicos, políticos, etc., e incluso por los mismos gobiernos elegidos para proteger y defender sus intereses.

En resumidas cuentas, lo que vemos en la mayoría de las democracias más grandes y avanzadas de hoy mueve a uno a preguntarse si esta es la democracia que queremos, si esto es todo lo que cabe esperar de ella y si podemos con buena conciencia recomendar nuestro estilo democrático a otros que aún no disponen de las bendiciones de la democracia.

Creo que ha llegado el momento de replantearse la democracia que ejercemos, no con el ánimo de cuestionar la democracia misma como premisa o como conjunto de principios, sino con el de revisar los métodos y las prácticas que utilizamos para el ejercicio de la democracia a fin de que se mejore el cumplimiento de los principios inherentes a ella. Es tiempo de avanzar hacia sistemas democráticos que realmente otorguen la soberanía al pueblo y que moderen el enorme poder que ahora detentan las grandes empresas, los grupos económicos, los partidos políticos, los medios de comunicación e incluso los mismísimos gobiernos legal y democráticamente constituidos.

La seudo-democracia y la verdadera democracia

Un hecho catastrófico para la democracia hoy en día es la creciente incidencia de las grandes empresas, los grandes grupos de capital y los lobbies, en la maquinaria de los partidos políticos, en la elección de candidatos y en las decisiones de los políticos. Es bien conocida la práctica del lobbying o cabildeo que, popularizada en la democracia norteamericana, se extiende cada vez más por las democracias del mundo adoptando diversas formas. Los sistemas de financiación de los partidos y candidaturas políticas en muchos países comprometen seriamente la imparcialidad y la integridad de los políticos y de altos cargos del Estado ante la tácita obligación de pagar favores millonarios recibidos a lo largo de su ascenso político.

Esto ha llevado una situación en la que, en no pocos países, a los ciudadanos no se les da otra opción que la de elegir entre candidatos previamente aprobados o incluso directamente impuestos por grupos minoritarios de poder político y económico a través de influencias y presiones ejercidas sobre los partidos políticos. La democracia así practicada no es más que un simulacro y un triste remedo de sí misma. Estamos ante una farsa que hace creer engañosamente a los pueblos que éstos eligen a sus líderes, cuando la realidad es que todo el sistema está manipulado para que el pueblo solo pueda limitarse a sancionar las elecciones que otros ya han efectuado. Nos hallamos ante una seudo-democracia, una falsa democracia que combinada con la prosperidad y el consumismo de las naciones ricas no ha sido ni más ni menos que una droga política que ha adormecido la conciencia de los pueblos, haciéndoles creer ingenuamente que gozan del privilegio de vivir bajo el mejor de los sistemas. Pero por suerte o por desgracia la actuación de los sistemas financieros y de los políticos durante las recientes crisis económicas mundiales ha venido a despertar a algunos del letargo.

Una verdadera democracia debería aportar a sus ciudadanos como mínimo las siguientes garantías de parte de candidatos y Administración:

1.       Antecedentes morales de integridad, lealtad y honradez política y administrativa de los candidatos. Normalmente para todo puesto de responsabilidad en la empresa privada y pública se requiere pasar una verificación de antecedentes. Un candidato con antecedentes malos o simplemente dudosos es automáticamente descalificado. Platón escribió que la más elevada actividad a la que se puede dedicar un hombre es la política; ¿Por qué habría de exigirse menos de un candidato a un alto cargo político o administrativo que de alguien que aspira a un cargo privado?

2.       Conocimientos mínimos adecuados al cargo por parte de los candidatos. Así como para cualquier cargo se requiere un curriculum y una experiencia mínima, los ciudadanos deben tener la garantía de que todo candidato ostenta unas condiciones mínimas de conocimiento intelectual, habilidad política y administrativa adecuadas al cargo al que se aspira. Tal como en muchos países existe una carrera diplomática, debería exigirse una carrera política para poder aspirar a una candidatura.

3.       Independencia por parte de los candidatos de cualesquiera intereses de grupos o individuos diferentes al bien común de los ciudadanos y del provecho del país y de la humanidad. Todo candidato debe estar comprometido en exclusiva con su ciudadanía y con toda la humanidad en su conjunto. Nunca con intereses particulares. El bien común debe primar incluso sobre los intereses de partido.

4.       Un programa de gobierno firmado y publicado, accesible y verificable por toda la ciudadanía del que se deba rendir cuenta durante el ejercicio y cuyos cambios y/u omisiones se deban justificar formalmente ante el electorado.

5.       Un sistema de auditoría de gobierno que exija el cumplimiento de los compromisos electorales y permita la remoción del funcionario de su cargo en caso de incumplimiento no justificado. Y no se trata de la auditoría retórica, oportunista, interesada y vindicativa que suelen ejercer los partidos de oposición, sino a una auditoría independiente, imparcial y pública, gestionada por organizaciones ciudadanas supra-políticas e independientes, también elegidas por votación popular.

Si se aceptan estos puntos como principios que debería cumplir una democracia para que sea considerada como tal, estamos ante un replanteamiento de la mayoría de las democracias del mundo ya que pocas cumplen con tan solo algunos de estos puntos y no es muy aventurado afirmar que ninguna de las democracias del mundo los satisface en su totalidad.

Los sistemas electorales

El sistema electoral es uno de los pilares sobre los que se asienta la consecución de una verdadera democracia. Probablemente el más importante de todos ellos por cuanto es el instrumento del que disponen los ciudadanos para expresar su decisión sobre quién ha de gobernarlos.

Los sistemas de votación

Una de las deficiencias más flagrantes de los sistemas electorales se evidencia por el hecho de que en muchos lugares se da el caso de que una cantidad importante de ciudadanos al ir a votar no tienen otra opción que la de votar a favor de un candidato o lista en particular. Sin embargo, la realidad es bien distinta en la conciencia y en el sentir de muchos votantes, que más bien acuden a votar en contra de aquel que consideran el menos indeseable. Este hecho es un auténtico fracaso de la democracia actual, que pone de manifiesto el hecho de que el sistema no garantiza el que los partidos y los líderes elegibles sean mínimamente convincentes.

Otra deficiencia se puede ver en el hecho mencionado anteriormente de que en muchas democracias se perpetúan individuos, grupos y familias reconocidamente ineptos o incluso corruptos, tanto ante la prensa imparcial, donde la haya, como ante la mayoría de los ciudadanos informados. Esto es una muestra innegable de que la democracia que practicamos no garantiza un mínimo de aptitud ni de integridad por parte de los líderes políticos.

Muchas de las mayores y más respetadas democracias del mundo se han convertido en verdaderas plutocracias mediante prácticas como el lobying, la financiación de los partidos a cambio de posteriores servicios, la manipulación y la propaganda mediática y cosas similares. En resumen, los actuales sistemas electorales permiten e incluso facilitan el camino a quienes promueven y llevan a cabo prácticas abiertamente antidemocráticas.

Un buen sistema electoral debería garantizar el que los candidatos y partidos al momento de su elección cumplan al menos los cinco puntos citados en el subtítulo anterior.

La pregunta que surge es: ¿Cómo puede un sistema electoral garantizar estos puntos?

Evidentemente este planteamiento exige una profunda reforma de los sistemas electorales y supone un coste mayor en términos de gestión y complejidad electoral. Quienes cuestionen estos requisitos o principios, si se les quiere ver así, alegarán en primer lugar el alto coste que ello supondría. Las elecciones son ya de por sí un peaje alto que se tiene que pagar por la implementación del sistema democrático y la financiación de los partidos políticos es un asunto espinoso y de doble filo en casi todas las democracias del mundo.

Sin embargo, creo que las preguntas que hay que hacer son: ¿Cuánto nos han costado y nos cuestan todavía la ineptitud y la mala gestión de algunos políticos y funcionarios? ¿Cuánto nos cuesta la ineficacia de los sistemas judiciales, penales, educativos, médicos, etc., etc., cuando son mal gobernados desde los más altos niveles? ¿Cuánto nos están costando la corrupción política, administrativa y judicial en sus diversas formas? ¿Cuánto nos cuestan la injusticia, las guerras inventadas, el crimen de estado y cosas similares (Si es que acaso se les puede asignar un coste meramente económico)? ¿Cuánto nos están costando en términos sociales y económicos la intervención de las multinacionales y otros poderosos grupos de intereses en las decisiones políticas?   Si estos principios y las propuestas que aquí se esbozarán para llevarlos a la práctica, o cualesquiera otras, pueden garantizar mínimamente el que a los gobernantes de todo país llamado democrático se les pueda exigir un mínimo de credibilidad, aptitud, integridad y honestidad; y el que se les haga responsables de sus promesas y actuaciones, cualquier precio a pagar está justificado y de seguro sería inferior al coste individual de cualquiera las lacras citadas.

Además de conseguir que los sistemas electorales garanticen mínimamente el cumplimiento de los cinco puntos citados por parte de los candidatos elegibles, es imprescindible conseguir que los resultados de las elecciones transmitan un reflejo más realista y completo del sentir de los ciudadanos acerca de los candidatos y partidos políticos. Esta afirmación lleva implicada la premisa de que ahora mismo esta condición no se cumple y es así en la mayoría de las democracias del mundo. Veamos por qué.

1.       Es muy simplista asumir que cuando un ciudadano emite su voto por un partido o candidato está votando realmente a favor de dicho candidato o partido. Es incluso erróneo asumir que el ciudadano que vota por A o por B en el modelo actual de elecciones libres en realidad lo hace libremente.  Las motivaciones y el sentir del votante tienen otros matices aparte del votar por A ó B. Por ejemplo, cuando no se tiene otra alternativa que elegir entre varias opciones indeseables en realidad se está coartando la libertad de elección. Es como la pregunta de “¿Qué prefieres? susto o muerte?”

2.       Los ciudadanos en ocasiones al emitir un voto por la opción “A” no están votando por dicha opción sino en contra de la opuesta. Es decir, el votante puede estar muy insatisfecho con la opción votada, pero la considera un mal menor que la otra. En otras ocasiones a un ciudadano le puede ser indiferente la victoria de “A” o de “B”, pero definitivamente no quiere que gane la “C”

3.       Un ciudadano puede considerar deplorables a todas las opciones disponibles, en cuyo caso es posible que no vote o que decida votar en blanco o emitir un voto nulo. Sin embargo ese parecer no es recogido por los sistemas electorales actuales. La descalificación de todos los candidatos y partidos cuando el ciudadano considera por ejemplo que todo el sistema está corrompido simplemente no es una opción. El voto nulo o el voto en blanco simplemente no cuentan o incluso cuentan a favor de los ganadores, lo cual no es más que una burla a los insatisfechos.

4.       Finalmente, en la mayoría de los sistemas electorales el no votar, el emitir un voto nulo y el votar en blanco tienen exactamente el mismo efecto, es decir: ninguno..!. Pero el sentir que mueve a un ciudadano a optar por una u otra acción puede ser muy diferente en cada caso y en la mayoría de ellos tiene un profundo e importante significado. Un sistema eficaz de consulta electoral debería entender y contabilizar lo que el ciudadano quiere significar con estas acciones.

Por ello, un sistema electoral más eficaz y significativo, además de las opciones de votar a favor de cualquiera de los candidatos elegibles, debería contemplar los siguientes tipos de votos que serían interpretados de la siguiente manera y con los siguientes efectos:

Tipo de Voto	Motivación	Interpretación
Voto a favor	Convicción del ciudadano de que la opción votada es la que mejor representa sus intereses o ideología	El votante se manifiesta claramente a favor de su candidato o partido y su voto cuenta como punto de ventaja a favor de la opción de su elección.
Abstención	Indiferencia política. Desinterés del ciudadano por los asuntos públicos	El ciudadano no tiene interés en manifestar su preferencia ni en ejercer su derecho y asume las consecuencias de que los demás elijan por él. El conteo de estos votos debe publicarse indicando al público que su porcentaje del total es una medida de la conciencia y de la educación política del electorado.
Voto en blanco	Indiferencia entre todas las posibles elecciones	El votante acepta el sistema, considera igualmente aceptable cualquier opción y acepta como buena para sí la decisión que adopte el resto del electorado. El conteo de estos votos debe publicarse como una medida de la polarización del electorado y quizá de la confianza de los votantes en la bondad de los líderes en su conjunto.
Voto en contra	El votante considera perjudicial o perversa a la agrupación o candidato contra el que emite un voto negativo, pero es indiferente hacia cualquiera de las otras opciones disponibles. Esta opción posiblemente solo deba existir en el caso de haber más de dos candidaturas	Un voto en contra de una candidatura elimina a otro voto a favor de la misma. El conteo de dichos votos debe publicarse como una medida del recelo que despierta cada una de las candidaturas en la población. Este voto puede actuar también como moderador de los extremismos ya que estos despertarían grandes adhesiones a la vez que fuertes aversiones dentro de la población.
Voto en negro o Descalificativo	Descalificación de todos los partidos y candidatos elegibles	El votante no considera satisfactorio bien sea al sistema o bien a ninguna de las opciones disponibles. El conteo de estos votos debe publicarse como una medida de la credibilidad del sistema y de la clase política. Una mayoría del voto negro debería exigir la remoción y renovación de todos los candidatos y/o listas y la subsecuente repetición de las elecciones
Voto nulo	Error del votante o contravención de las normas de votación	Descuido o desconocimiento por parte del votante. (Es de esperarse que existiendo las anteriores opciones de voto, el voto nulo solo pueda atribuirse a estas causas y no a intencionalidad del votante)

No cabe duda de que el considerar tantas posibilidades de voto introduce más variables en las posibilidades electorales. Entre otras consecuencias, haría más complejo el sistema de conteo y cálculo de las votaciones, podría complicar y aumentar el coste de las elecciones y exigiría una mayor educación electoral de la ciudadanía. Sin embargo, la complejidad del conteo estaría más que resuelta con los sistemas informáticos actuales. La más impactante consecuencia adversa podría ser la eventual necesidad de repetir la campaña electoral y las subsecuentes elecciones en el caso de victoria del voto descalificativo. Este resultado ciertamente supone un coste alto, pero si tal situación se da en un país, es evidente que el pueblo no comulga en absoluto con sus líderes, el sistema y la clase política carecen de credibilidad, están fallando gravemente y por consiguiente el coste de aceptar como candidatos a cualquiera de las opciones disponibles sería extremadamente alto para el país; con toda probabilidad mucho más alto que todos los costes económicos, políticos y administrativos derivados de una nueva campaña electoral.

Por otra parte, los beneficios de un sistema más acorde con el sentir del electorado son evidentes, ya no solo por el hecho de ser de por sí más democrático, sino que su mayor beneficio radicaría en que otorgaría al electorado el derecho a exigir un mínimo de credibilidad de sus líderes y obligaría a estos últimos a ganarse a pulso la confianza y el respeto de la ciudadanía so pena de verse obligados a desaparecer de la escena política. Estos beneficios, herramientas y derechos de que debería disponer y ejercer la ciudadanía en cualquier sistema realmente democrático, sencillamente no existen en realidad a fecha de hoy en la mayoría, por no decir en ninguna, de las democracias modernas.

Los sistemas de cálculo de las votaciones y la democracia representativa

Otro de los graves defectos de los sistemas electorales en algunas democracias actuales reside en los sistemas de cálculo de las votaciones que finalmente rinden los resultados electorales en términos de escaños para los diversos partidos y cargos públicos electivos como pueden ser concejales, diputados, senadores, etc. Muchos de estos sistemas de cálculo están diseñados de tal forma que benefician abiertamente a los partidos mayoritarios en claro detrimento de los partidos grupos o ideologías incipientes y minoritarias ayudando a mantener el statu-quo y a la autoprotección del sistema, con el antidemocrático resultado de que no todos los votos de los ciudadanos tienen el mismo valor electoral. El mismo tipo de cálculo pernicioso lleva a que un voto de una determinada región pese más en el resultado final que el de un ciudadano de otra.

Es inadmisible en un sistema democrático justo el que existan diferencias sustanciales entre el número de votos que resultan en la obtención de un escaño en un parlamento para un partido que para otro y es claramente injusto que pueda darse el caso de que en unas elecciones generales el partido ganador no sea el partido más votado por la nación en su conjunto.

De esto se desprende la urgente necesidad de rediseñar los sistemas de cálculo electoral y de reformar el sistema en consecuencia, para permitir el cumplimiento de lo que debe ser un axioma obvio de toda democracia; que el voto de cada ciudadano vale lo mismo que el de cualquier otro sin importar su credo político, su ubicación geográfica o cualquier otra diferenciación.

La dictadura de partido

Finalmente, una vez finalizadas las elecciones y constituido un gobierno, se presenta una vez más la antidemocrática situación conocida como dictadura de partido según la cual, los miembros electos al parlamento de un partido no votan las decisiones con base en su conciencia ni necesariamente movidos por la obligación de representar a sus votantes, sino obligados por los intereses partidistas que muchas veces provienen de pactos políticos de “toma y daca” o de presiones externas totalmente ajenas a los intereses de la mayoría del electorado.

Es necesario por lo tanto diseñar un nuevo sistema de representación parlamentaria y establecer la votación secreta en los parlamentos y ayuntamientos o alcaldías a fin de que los representantes electos del pueblo puedan votar en conciencia y libres de presiones partidistas o de otros grupos de poder. El sistema debería garantizar el que cada representante en un parlamento verdaderamente represente y defienda los intereses de sus electores y sea responsable con su cargo e incluso con su patrimonio y libertad ante sus electores.

La financiación de los partidos políticos y la propaganda política

Otra de las enfermedades crónicas de las democracias actuales radica en que la financiación de partidos,  candidaturas y campañas políticas requiere enormes cantidades de dinero dedicadas a opulentas y costosísimas campañas de propaganda, generalmente vacía de contenido y alienante, que en su mayoría son financiadas por la empresa privada cuando no por oscuros grupos de poder económico y político y apoyados por los medios de noticias generalmente en manos de los mismos grupos de poder. Todo este enorme coste obviamente no se financia a cambio de nada; es ni más ni menos que una inversión que dichos grupos de poder hacen con la expectativa de ser retribuidos con enormes beneficios generalmente en detrimento de los de la población y en deterioro del planeta.

Hoy por hoy nadie puede negar el poder que ejerce la publicidad y la propaganda. Es cuando menos peligroso el poner algo de tan enorme calado para un país como es la información política que reciben los ciudadanos a afectos de su decisión al llegar a las urnas, en manos de grupos de intereses privados. Esto ha llevado al innegable hecho de que los resortes del poder político mundial están en manos de poderes cuyos intereses no van para nada en la línea del beneficio de la población de los diversos países y menos aún en la de las necesidades e intereses de la humanidad en su conjunto.
La propaganda política es otro pernicioso elemento de nuestros actuales sistemas electorales. Toda propaganda introduce un elemento de seducción y por lo tanto tiende a ser engañosa en cuanto que sus modernas técnicas apelan más a la psiquis profunda del ser humano que a sus capacidades de raciocinio e inteligencia. Por consiguiente, la propaganda política como tal y como la que se practica actualmente en la mayoría de las democracias debería estar rigurosamente prohibida. Las campañas políticas deberían limitarse a suministrar información y educación al electorado en cuanto a las cualidades y dotes de los candidatos y en cuanto al programa y las propuestas concretas de los mismos, cosas que habitualmente brillan por su ausencia en la propaganda electoral y que son las que realmente deberían determinar las elecciones políticas de los ciudadanos. Esta restricción además abarataría notablemente las campañas electorales al desposeerlas de su costoso aparato propagandístico y fomentaría una mejor educación política de los votantes.

Es por lo tanto una necesidad apremiante el reformar los sistemas de financiación de los partidos y campañas políticas para impedir que grupos de poder económico o que minorías poderosas de cualquier clase puedan comprar de manera soterrada la voluntad de los representantes del pueblo y para que se limite el nivel de gasto y el alcance de la propaganda y de las campañas políticas de partidos y candidatos.

Las listas electorales

La práctica de presentar listas cerradas a los votantes no es más que otra de las formas de la dictadura de partido mediante la cual, la maquinaria (e incluso a veces no es exagerado hablar de la mafia) de partido, designa por orden de prioridad a las personas que ocuparán las posiciones obtenidas de la votación sin dejar al ciudadano ninguna opción en cuanto a aprobar o rechazar a individuos que este considere idóneos o indeseables. Este mecanismo se usa a menudo para infiltrar en las listas a toda suerte de oportunistas, corruptos e ineptos a los que el pueblo no tiene más remedio que aceptar gracias al artificio de ir empaquetados junto con otros relativamente aceptables para la ciudadanía.

Por consiguiente, las listas electorales deberían ser en primera instancia el resultado de un proceso electoral previo o primario en el que debieran participar no simplemente los afiliados a los partidos, sino toda la ciudadanía y que debiera comenzar a nivel de barrio, de pueblo y de región, permitiendo así que los integrantes de las listas sean realmente elegidos por el pueblo desde los mismos inicios y en el más estricto sentido de la expresión. Adicionalmente, las listas a las elecciones definitivas debieran ser abiertas de modo que los votantes puedan manifestar su clara aceptación o rechazo no solamente de los partidos, sino más importante aún, de los individuos que les han de representar.

El Contrato Social justo

No se puede hablar de democracia si el contrato entre gobernantes y gobernados es un acuerdo desigual y ventajoso para una de las partes y si una vez elegidos, los representantes del pueblo tienen carta blanca para ejercer el poder a su antojo con poca o ninguna responsabilidad cuando las cosas se hacen mal e incluso contra la manifiesta voluntad del pueblo. Las campañas electorales, la elección final de los gestores sociales y el ejercicio subsecuente del gobierno deben llegar a ser la expresión perfecta de un contrato social justo y equitativo en el que cada una de las partes, electores y elegidos, esté igualmente obligada y sea igualmente responsable.

Las elecciones deberían verse ni más ni menos que como un proceso de licitación pública en el que los partidos o candidatos compiten ofertando a la ciudadanía un programa vinculante de gestión y de gobierno del que los representantes elegidos, una vez aceptada su oferta por el pueblo, son completamente responsables y del que deben rendir cuentas punto por punto.
A este efecto, se debe constituir de forma paralela, un cuerpo profesional de auditoría de gobierno que debe ser supra-político, supra-partidista e independiente, elegido separadamente por el pueblo de forma paralela, cuyo cometido sea el de verificar el entero cumplimiento de la oferta vinculante que el candidato o partido propuso como programa político. Los gobernantes o gestores elegidos deberán rendir cuenta detallada de su gestión al público y a este cuerpo auditor que deberá publicar su actividad con entera transparencia.

La independencia de poderes

La necesidad de independencia real de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pilares tradicionalmente reconocidos de los estados modernos, es un principio incuestionable y ampliamente reconocido, que en los actuales sistemas seudo-democráticos se viola constantemente. En algunos casos la ley misma e incluso la redacción de algunas cartas constitucionales garantizan que el sistema pisotee este principio reiteradamente.

No es necesario abundar en la necesidad de conseguir que esta independencia sea real en cualquier gobierno democrático. Tratándose de un principio casi universalmente aceptado, lo único que hace falta es perfeccionar su implementación. Una de las prácticas que más atenta contra dicha independencia es la capacidad que las cartas constitucionales y las leyes otorgan a los gobiernos elegidos, de elegir a su vez a los cuerpos legislativos y judiciales. Esta práctica tiende inevitablemente a politizar a la ley y a la justicia, situación que no debería darse en ningún estado de derecho imparcial.

En un sistema verdaderamente democrático, los cuerpos judiciales deben ser supra-políticos en la medida de lo posible y altamente profesionales hasta sus más altas instancias, con la posible excepción del ministro a cargo de la gestión global del sistema judicial, cuya actividad a su vez estaría debidamente supervisada en un sistema verdaderamente democrático como el que aquí se propone. Adicionalmente, el escalafonamiento puramente profesional de los integrantes de los cuerpos judiciales, de modo que solamente la integridad y los méritos profesionales sean los factores determinantes para alcanzar las más altas instancias, minimizaría la influencia de la vinculación de los jueces con la política y con otras formas de poder.

La independencia del cuerpo legislativo se puede mejorar mediante la implementación de elecciones legislativas separadas de las del poder ejecutivo, tal como se practica hoy día en algunos países. Unas elecciones legislativas con sistemas de votación y de control como los que aquí se han propuesto darían a un electorado, ahora verdaderamente soberano, el poder de exigir integridad e independencia de parte del cuerpo legislativo.

La independencia de poderes se garantizaría mejor mediante la supervisión por parte del mismo cuerpo auditor elegido independientemente por el pueblo que se encargaría de auditar al gobierno y de preservar igualmente la independencia de los medios.

La dictadura del poder económico

La presión del poder económico sobre todos los demás poderes que concurren en la democracia ha llevado a la existencia de una auténtica dictadura económica global. Hoy ya prácticamente ningún país, por muy democrático y eficaz que sea su gobierno, puede sustraerse al poder de los mercados. Adicionalmente, el frenético ritmo económico de la sociedad de consumo aunado al absurdo paradigma del crecimiento económico indefinido está sometiendo al hábitat de nuestro planeta a presiones destructivas absolutamente temerarias e insensatas, contra las cuales incluso los gobiernos tienen un poder muy limitado.  Hoy se hace más evidente que nunca antes el hecho de que es imposible garantizar una verdadera democracia y posiblemente tampoco pueda garantizarse la continuidad de la civilización humana, en tanto los pueblos del planeta entero no logren liberarse del yugo dictatorial que hoy ejerce el poder económico impulsado y gobernado básicamente por la codicia.

Sin embargo, hablamos del más espinoso y difícil de todos los males de las actuales democracias. La sofisticada especulación a la que se ha llegado con el capitalismo neoliberal, ha conducido a una situación en la que incluso a los gobiernos más leales a sus ciudadanos les es imposible controlar los movimientos especulativos de los mercados y, dando un paso más, los opacos manejos de estos últimos han llegado al punto de condicionar las decisiones políticas y sociales de los gobiernos, en claro perjuicio de sus ciudadanos, a un grado pocas veces visto en la historia de la democracia. Pero el término “Mercado” usado así es altamente engañoso. En la situación actual, el “Mercado” consta realmente de unos cuantos nombres y apellidos de entidades y personas, en número ínfimo en comparación con la población mundial, que se han hecho con un porcentaje mayoritario de la riqueza del planeta y que usan el poder que esta riqueza les otorga para mantener su hegemonía y acrecentar su riqueza con total desprecio del resto de la raza humana. Esta conducta no es nueva. En realidad ha sido la norma histórica por la que se han regido todos los imperios pasados y presentes. Pero ahora a los imperios políticos se les ha unido esta nueva clase de plutócratas globales casi omnipotentes, multiplicando la rapacidad de los poderes económicos a niveles rara vez vistos en la historia e inadmisibles en un mundo de derecho.

El panorama se complica cuando se observa que este capitalismo antisocial sigue siendo el paradigma económico de nuestros tiempos. A pesar del inmenso y creciente descontento que este origina entre la mayoría de la población y de los pensadores del mundo, no se vislumbra en el horizonte un sistema económico alternativo que conduzca a una repartición más equitativa de la riqueza, de las oportunidades y del trabajo, a la vez que premie la iniciativa individual permitiendo la riqueza y la prosperidad personal sin por ello conducir a las aberrantes y abismales diferencias que presenciamos actualmente.

Aunque los teóricos llamados neoliberales se nieguen a admitirlo, la realidad desnuda es que el sistema capitalista está arrastrando al planeta entero a una catástrofe de proporciones enormes y aun no completamente conocidas. Por simples razones de supervivencia que superan abrumadoramente a las que pudieran esgrimir conjuntamente todas las ideologías políticas, sociales y económicas conocidas, es imprescindible diseñar e implementar un sistema económico global que sea capaz de armonizar y equilibrar la ambición y las aspiraciones humanas con la justicia social, los derechos humanos y la conservación del planeta y de las especies que lo habitan. No podemos renunciar a estas premisas porque son el anhelo profundo de los seres humanos de todos los tiempos y huelga decir que los hechos han demostrado reiteradamente que el capitalismo tal como se practica hoy colisiona frontalmente con tales premisas y debe ser reemplazado por algo mejor. Para que el ser humano se haga digno del derecho a subsistir como especie, debe demostrar la capacidad intelectual y, sobre todo, el calibre moral para crear y poner en marcha tal sistema. Sería muy deseable que dicho sistema pudiera reemplazar al capitalismo de forma pacífica y gradual aunque esto último no sería en modo alguno más fácil que lo primero, pero eso desgraciadamente depende casi por entero de quienes están más interesados en mantener el statu-quo con todas sus catastróficas y crueles implicaciones. Es muy factible que si los pueblos logran reunir el valor, la unidad y la fuerza para exigir un cambio de naturaleza tan profunda, los estamentos del poder repitan la historia una vez más y a los pueblos no se les deje otra alternativa que el recurso de la rebelión y la lucha violenta para conseguir una sociedad más justa y mejor.

Por otra parte, tal vez si llegara a suceder que algunos países avanzados consiguieran implementar una verdadera democracia que coloque por primera vez la soberanía real en manos de sus ciudadanos, estos ahora dispongan de armas y herramientas que les permitan imponer a los grandes capitalistas un sistema económico que sería más justo para todos y más seguro incluso para ellos mismos. Confiemos en que el devenir histórico opte por esa vía y no por la que el amargo curso de la historia nos hace temer.

La independencia de los medios informativos

Finalmente, una democracia sin medios informativos independientes es un sistema paralítico, incapaz de evolucionar y fácilmente manipulable por cualquiera que tenga el poder suficiente para controlar los medios. Hoy por hoy se considera que la disponibilidad de una diversidad de medios informativos cada uno de ellos controlado por un color político o grupo de intereses es una evidencia de libertad de expresión y de información. Nada más lejos de la verdad. Solo basta con indagar en la forma como dichos medios son manejados internamente y se podrá ver claramente que los redactores y periodistas se ven continuamente limitados, presionados y sometidos a un control estricto de lo que conviene o no dejar salir a la luz. En la práctica, los ciudadanos que deseen estar medianamente informados se ven en la necesidad de consultar varios de los medios disponibles, condición que demanda una inversión de tiempo y esfuerzo que no está al alcance de todos. Y aun así, cualquier información que no convenga al statu quo del que se benefician todos los poderes del sistema seguirá siendo ocultada o deformada sistemáticamente en todos o en la mayoría de los medios.

Es innegable que en el mundo de hoy, los medios informativos constituyen un poder no menos influyente que cualquiera de los demás poderes del Estado. Por lo tanto el que intereses privados se apoderen de todos o de la mayoría los medios y dispongan así de la capacidad para controlar la información que la población recibe es sin duda una grave amenaza para la democracia. El garantizar la independencia de al menos algunos medios informativos importantes a los que pueda acceder toda la población es el mejor medio para hacer avanzar la educación y la cultura política y económica de la población, cuestión esta de vital importancia ya que solo un pueblo debidamente educado puede disponer de los conocimientos y las capacidades de juicio crítico, conciencia social y formación política necesarias para hacer elecciones sabias a la hora de ejercer su derecho electoral o en el caso de apoyar o rechazar acciones populares de contenido sociopolítico.

Una verdadera democracia debe fomentar y financiar la existencia de medios absolutamente independientes, controlados directamente por una representación plural de los intereses del pueblo y no por el partido gobernante o por ningún otro grupo de intereses. El organismo de supervisión de la independencia de los medios debe ser  igualmente elegido democráticamente.

La utopía al alcance

Las utopías se asemejan a las estrellas en el hecho de que aunque quizá nunca lleguemos a ellas, nos proporcionan luz y orientación. Nos marcan el camino que debemos seguir para alcanzar nuestro destino. Si bien es posible que todas las implementaciones de las ideologías humanas mejor concebidas e intencionadas al final resulten siendo corruptibles y manipulables o que simplemente los avances sociales siempre terminen por hacerlas obsoletas, no debemos renunciar al sueño de crear un mundo justo y bueno para todos. No debemos resignarnos a la realidad histórica de que los sistemas políticos siempre acaban por hacerse servir de sus gobernados en vez de servirlos a ellos y de que los poderosos acaban por hacerse tan fuertes que siempre consiguen utilizar el sistema en su propio beneficio a costa de la miseria y la desgracia de los débiles. Un mundo mejor es necesario y es posible. Y nada, ningún obstáculo, miedo o amenaza, debe detenernos en el esfuerzo de lograrlo.

Si llegara el día en el que alguna sociedad consiguiera un sistema verdaderamente democrático, que de forma equitativa e igualitaria fomentara el progresivo enriquecimiento material y espiritual de los seres humanos a los que sirve, la tendencia natural de tan afortunado pueblo posiblemente sería el desarrollo gradual de una auténtica Aristocracia Democrática. Una administración de la sociedad en manos de los mejores de entre todos sus ciudadanos, elegidos de entre un pueblo, por un pueblo y para un pueblo que se habrá hecho rico en sabiduría, por encima de todo. Una sociedad que se aproxime a ese ideal no es en absoluto imposible y estaría más cerca de la utopía que de las estrellas.

Conclusión

Ha llegado el momento de abandonar la autocomplacencia que nos hace creer erróneamente que tenemos el mejor y más justo de los sistemas políticos simplemente por el hecho de llamarlo democrático. Si esta es la mejor democracia que podemos conseguir el mundo está abocado a un eterno vaivén entre la aceptación pasiva de lo que en la práctica no son más que dictaduras disfrazadas y en apariencia democráticamente elegidas y el caos social resultante cuando la corrupción y el mal gobierno superen la capacidad de aguante de los pueblos.

Si más de dos milenos de historia de la democracia aunados al admirable desarrollo científico y tecnológico reciente y al amplio conocimiento demográfico, psicológico y social de que disponemos no nos otorgan la capacidad de crear un sistema mejor que lo que ahora tenemos, la humanidad seguirá fracasando en la más importante de sus empresas, la de ser capaz de autogobernarse eficazmente al efecto de hacer de la tierra un lugar cada vez más justo y habitable.

Los planteamientos aquí esbozados son solo una primera propuesta obviamente susceptible de mejora y pulimento. No debemos engañarnos pensando que el fracaso del comunismo y de los sistemas absolutistas validan el actual tándem Seudo-democracia-Capitalismo como la única opción que nos queda. En la modesta opinión del autor, es el deber de todo intelectual interesado en asuntos sociales, económicos y políticos el aplicarse a idear un sistema político, social y económico más justo e inteligente que modere la amenazante presión destructiva que hoy ejercemos sobre nuestro planeta y elimine los abismos todavía existentes entre clases muy pobres y muy ricas, países muy pobres y países opulentos, continentes hambrientos y naciones sobrealimentadas, élites cultas y muchedumbres ignorantes y analfabetas, estados súper-poderosos y continentes olvidados.

Jorge Enrique Millán Ayala

Con la colaboración de:  Anselmo Romaniega Langa

Madrid, junio de 2011